La dependencia encabezada por Patricia Espinosa detalló que previamente se habían presentado escritos similares en apoyo de las demandas de inconstitucionalidad promovidas por organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno de Estados Unidos el 22 de junio de 2010 ante la Corte Federal para el Distrito de Arizona, y el 1 de octubre de 2010 ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
En el documento, el Gobierno de México subrayó que la ley SB1070 incide negativamente en las relaciones bilaterales e impide la colaboración bilateral efectiva, al pretender crear un esquema migratorio distinto al previsto en la legislación federal.
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