INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Exigen constructores tomar en cuenta un reclamo general, que la Ley de Obras requiere de ajustes.

En México podrían detonarse inversiones en infraestructura, tanto públicas como privadas del orden de 20.8 billones de pesos en los próximos seis años, más del doble de lo que se invirtió en la administración pasada, si se reforman tanto el marco jurídico como la forma de planear y ejercer los recursos públicos. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Zárate Rocha, consideró que la infraestructura que el país requiere exige y demanda una eficaz y consciente planeación, programación, ejecución y control de los recursos económicos que el Estado destina para estos fines. En la evaluación “Los Retos de la Infraestructura en México, 2013-2018” y en la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que elaboró la CMIC y que actualmente se discute en el Congreso, se detalla que “la dimensión y tamaño de los recursos públicos, que destina el gobierno para la construcción de obra pública, obliga a su buena administración para evitar los riesgos que representan las deficiencias y tardías asignaciones que repercuten en problemas de suspensión y conclusión de las obras contratadas, que impiden o limitan el desarrollo de los proyectos que el país demanda para convertirlo en una economía fuerte”. Hasta ahora, añaden los documentos, todo se ha proyectado con una visión de corto plazo, que se ha limitado a tratar de solucionar las coyunturas; de ahí la importancia de emprender proyectos de gran visión y largo alcance en infraestructura. El organismo empresarial, que aglutina a más del 10 mil empresas constructoras, plantea que México es un país que requiere mayores niveles de inversión en construcción de infraestructura, pues las inversiones pública y privada que se realizan representan actualmente alrededor del 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en países como India y Corea superan tasas de 30 por ciento y en China más de 40 por ciento al año. El problema radica en que prevalecen inhibidores de los proyectos de infraestructura como la falta de planeación a largo plazo; de un banco de proyectos ejecutivos; de oportunidad en los oficios de autorización de inversión presupuestal; de tiempos excesivos para la autorización de movimientos presupuestales, y la obtención del registro en la cartera de proyectos; de cierre anticipado del ejercicio presupuestal, y proyectos ejecutivos incompletos y falta de presupuesto para los mismos. También existen problemas para la liberación del derecho de vía; exceso de requisitos en bases de licitación; falta de financiamiento competitivo y garantías excesivas; riesgos mal distribuidos entre el contratante y el contratista; y, discrecionalidad en la interpretación de los funcionarios. Por ello, la CMIC elaboró un proyecto de Reforma a la Ley de Obras Públicas para fortalecer el esquema normativo actual de las obras públicas dando mayor agilidad y simplicidad a sus procedimientos de contratación que privilegien su ejecución y conclusión en tiempo y costo, evitando excesos de control. “Prevemos —dice el presidente de la CMIC en su documento rector— que si estas propuestas de reformas como la Ley de Obras Públicas, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hacendaria, seguridad social y energética se llevan a cabo, entonces los niveles de inversión en infraestructura impulsarán a México en 2020 a situarse entre las primeras 25 economías a nivel mundial por la calidad de su infraestructura”. Para lograr esta meta, añade Zárate Rocha, la inversión pública acumulada durante el sexenio deberá rondar los siete billones de pesos, mientras que la inversión privada deberá alcanzar los 13 billones en el mismo periodo. De esta forma, la inversión pública federal en 2018 habrá alcanzado ocho por ciento del PIB y la suma de la inversión pública y privada representará 20 por ciento del PIB.