LEGAL Aseguran propiedades por caso Pelican Cove, con eso buscan garantizar devolución de sumas aportadas por ciudadanos canadienses

El despacho de abogados con asiento en el Distrito Federal, Acasuzo-Hidalgo, colocó los avisos de aseguramiento de bienes inmuebles propiedad de la empresa Pelican Cove, con la finalidad de garantizar devolución de sumas aportadas por 22 ciudadanos canadienses, aceptó Iván Pérez Caballero. El ahora titular de Ecología y Medio Ambiente en el municipio DE Guaymas , aclaró que su responsabilidad ofi cial le impide litigar, pero en 2010 apoyó a Gabriel Hidalgo Pastor a través del abogado Juan Pablo Vergara Márquez, atendiendo diversas diligencias desde su ofi cina en Víctor Salazar 148 en este puerto. Aceptó explicar del tema por encomienda del titular del despacho en el Distrito Federal, Hidalgo Pastor, pasos seguidos con el fi n de garantizar la devolución del dinero a quienes lo aportaron para adquirir un espacio en la torre de 10 pisos y 282 condominios que construiría Pelican Cove, representada por los inversionistas canadienses David y Ulla Jaques. El proyecto anunciado desde 2008 y detenido en 2010, guardó silencio hasta el 29 de junio pasado, cuando un operativo policíaco respaldó a la Procuraduría General de Justicia para recuperar bienes ocupados por terceros, que le daban usufructo en perjuicio de los citados inversionistas. La respuesta de los señalados, una empresa denominada “Amigos Trust” representada por Carmen y/o Karmen González y el abogado Arturo Morales, fue entregarlos y la pronta explicación de que “sólo lo cuidábamos”, luego convertida en una solicitud de amparo en reclamo de una incursión abusiva por parte de la autoridad judicial. Sin embargo, Gabriel Hidalgo se excluyó del tema y sus primeras explicaciones fueron robustecidas con el aporte de información documental de su representante entonces en este puerto, Pérez Caballero, en el sentido de que solo buscan garantizar la devolución de casi 800 mil dólares aportados por sus representados. En ese entonces, señaló Pérez Caballero, se buscó respaldo judicial no encontrado a satisfacción entre los representantes sociales del Sector II, Isidro Ulloa y Crispín Castro. Afirmó que es real la averiguación 4920/10 destacada en los avisos de aseguramiento, pero también que la debieron colocar ellos –Vergara Márquez dirigió la operación- -, con anuencia del Ministerio Público, pues la representación dijo carecer de recursos para hacerlo.“No podían hacer ni la inspección ocular pues se quejaron siempre de no tener recursos, así que nosotros los ayudamos, como justifi ca la coadyuvancia en el trabajo de los abogados”, detalla Pérez Caballero. Los bienes asegurados fueron las dos villas construidas en la Península de El Crestón, donde operó antes casas rodantes Shangri-lá, y suelos donde se construiría Pelican Cove. En Canadá, la demanda El intento de recuperar anticipos comenzó con la denuncia local, repetida en Columbia Británica (Canadá) por Carlos Solórzano, corresponsal de Acasuzo-Hidalgo, Abogados, a quien contactaron presuntos defraudados, tras perder contacto con los Jacques y con Peter Spencer, socio de ambos y receptor de los pagos previos en contratos de Fideicomiso Irrevocable de Dominio en zona Restringida (condominios frente a la playa) y ello condujo a interponer demandas y solicitud para asegurar bienes como garantía de recuperación. Después del operativo de junio 29, el grupo de abogados que aseguran mantener representación de los 22 presuntos afectados, exigirían que la autoridad explique cuál es hoy la garantía, como lo debió explicar luego de que una tercera implicada, la estadounidense Karen Stewart, colocó un anuncio de venta en los mismos bienes y el despacho obligó a su retiro. Stewart afi rmó que declararía por escrito y lo hizo a través de la abogado María Herrera, socia de “Amigos Trust”. Pero el despacho de Hidalgo Pastor dejó claro en 2010 que habían detectado el uso, dominio y provecho de ocupantes de los bienes y por ello se colocaron avisos de aseguramiento. Para hacerlo, Arturo Morales se habría jactado ante Hidalgo Pastor de “tener comprados a ministerios públicos”.