SEGURIDAD PUBLICA Estiman en unos mil 400 el numero de guardaespaldas que en Chihuahua trabajan sin control, lo mas delicado es que tienen a su cargo dos mil 800 armas "que no sabemos cómo se usan" dice el fiscal estatal Jorge González Nicolás.

En Chihuahua existen mil 400 agentes estatales que fungen como escoltas, lo que representa 2 mil 800 armas de las que no tiene control la Fiscalía General del Estado, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional exigió su desarme e incorporación de los mismos a agencias privadas, dio a conocer el fiscal Jorge González Nicolás. La licencia de porte de armas colectiva 166, que otorga el Ejército al Gobierno del Estado, se encuentra en riesgo si no se cumple con esa disposición, pero los escoltas de empresarios no quedarán desarmados ni un solo minuto, aseguró el funcionario estatal, ante los reclamos de grupos privados y especulaciones sobre la desaparición de los agentes. "Tenemos mil 400 personas sin control, miles de armas de las que no sabemos cómo se usan, dónde duermen, quién compra las balas y para qué, lo que significa también un grave problema de seguridad pública", dijo González Nicolás, quien consideró que los escoltas, dependientes de la Fiscalía General, pero pagados por los empresarios, fueron contratados mediante un esquema de simulación que sólo le dio la vuelta a la ley desde 1993. "En Chihuahua acabamos de detener al escolta de un empresario que se dedicaba a extorsionar, y en Juárez estamos detrás de algunos escoltas que montaban retenes también para extorsionar ciudadanos, como si fueran agentes ministeriales", informó el fiscal, como ejemplos de los riesgos que representa no tener un control sobre esos agentes, que dejarán de ser elementos oficiales, para pasar, si así lo desean, a formar parte de empresas privadas de seguridad. Explicó que en 1993, el Gobierno del Estado, ante los problemas de seguridad que se enfrentaban, buscó un modelo para darle la vuelta a la ley, que específicamente prohibía armar a particulares, por lo que se creó un esquema en el que los empresarios depositaban cierta cantidad en una cuenta para el pago de los agentes, pero éstos eran contratados por la autoridad, quien los dotaba de armamento de acuerdo con sus necesidades. Ingresaron como policías, con todas las de la ley, pero su sueldo no lo pagaba el gobierno, en un esquema totalmente irregular, pues eran particulares que cuidaban a particulares, con armas amparadas en una licencia colectiva de porte que otorga la Defensa Nacional, criticó. Ahora, dijo, la nueva Ley de Seguridad Privada, federal y estatal, establece que los agentes de las corporaciones policíacas no pueden cuidar a particulares como escoltas, salvo casos muy particulares, en los que la autoridad considera que existen riesgos o se dictan medidas cautelares que debe cumplir la Fiscalía del Estado. Además, la ley prohíbe que particulares puedan estar armados, a menos que tramiten el porte de armas correspondiente ante las autoridades federales, y en esas condiciones que violan la ley se encuentran esos más de mil elementos, de cuales el 45 por ciento trabaja en Juárez, otro 45 por ciento en Chihuahua y el restante 10 por ciento en otras ciudades del estado más pequeñas. La Sedena, comentó, exige que la Fiscalía del Estado dé cabal cumplimiento a lo que marca la ley, por eso se han dado plazos a todos los empresarios que lo soliciten, a fin de que migren a un nuevo esquema, es decir, que permanezcan con sus escoltas, armados, debidamente registrados como agentes de seguridad privada, en una empresa, no dependientes del Gobierno del Estado. "No podemos seguir así, hay una bola de gente que lo tomó como moda el traer escoltas, con esa simulación, pues no son policías y traen armas, que no ampara ninguna autoridad y ninguna tiene control", señaló González Nicolás.