INDUSTRIA DE LA VIVIENDA Contabilizan en estado de Sinaloa a más de 9 mil casas ocupadas por invasores, circunstancia que según advierte la diputada Imelda Castro, que este problema puede derivar en un conflicto social de gran envergadura.

En Sinaloa hay más de nueve mil viviendas que se encuentran ocupadas por invasores, alertó la diputada Imelda Castro, quien aseguró que este problema puede derivar en un conflicto social de gran envergadura. Durante la primera sesión de la Diputación Permanente, en el posicionamiento que hizo la legisladora sobre la vivienda invadida en Sinaloa indicó que pese a la falta de casas en el estado, la construcción de viviendas está prácticamente paralizada. Precisó que el problema de la vivienda tiene una explicación multifactorial "pero hoy sólo comentaremos lo que tiene que ver con la vivienda invadida en Sinaloa y las necesidades de las familias desplazadas por la violencia". Un informe de 2012 de la gerencia de recuperación de cartera de Infonavit, dijo, revelaba que de 5 millones de viviendas hasta entonces asignadas por el instituto, 56 mil 240 no estaban ocupadas por sus adquirientes; 14 mil 940 estaban abandonadas por los trabajadores acreditados, 38 mil 554 fueron deshabitadas por sus beneficiarios y 2 mil 746 habían resultado invadidas por personas distintas a la acreditación en todo el país. Sin embargo, añadió, de manera extraoficial la Coordinadora Nacional de Vivienda informó el año pasado que sólo en Sinaloa 9 mil viviendas que se encuentran ocupadas por invasores, podrían ser susceptibles de una venta directa en base a un acuerdo con el propio instituto a petición de esa organización. Esta información extraoficial podría resultar la más veraz, toda vez que medios de comunicación prácticamente de todo el país, evidencias que los datos del instituto se quedan cortos frente a la realidad. De manera oficial, el Infonavit en Sinaloa sólo reconoce la ocupación ilegal de mil 423 casas en los municipios de Ahome y Guasave. Sin embargo, insistió, la Coordinadora Nacional de vivienda que ventiló la posibilidad del acuerdo con el Gobierno del Estado revela que sólo en Los Mochis, 2 mil 500 viviendas en posesión de trabajadores no acreditados, pueden ser subastadas a favor de los mismos, en una medida que se pudiera replicar en Guasave, Guamúchil y Culiacán, con el propósito de legitimar la posesión de nueve mil viviendas ocupadas por invasores. Se trata, dijo, de un serio problema nacional que está estrechamente ligado al incumplimiento a una de las principales garantías individuales como la que se refiere a disfrutas de una vivienda digna y decorosa. En el estado de Sinaloa, reiteró, el de la falta de vivienda es un problema que cobra particular gravedad cuando cientos de familias -más de 30 mil personas según cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos-, han sido desplazadas de sus hogares por efectos de la violencia y que elementalmente requiere del auxilio para asentarse y con ello tratar de continuar su vida. Por ello propuso que la Comisión de Vivienda asuma la problemática y se reactiva la mesa de trabajo con el Ejecutivo del Estado y el INFONAVIT. Asimismo solicitó dar prioridad a la elaboración de un programa especial de atención emergente, para las necesidades habitacionales de las familias desplazadas por la violencia en los municipios de Choix, Concordia, Sinaloa, San Ignacio, Elota, El Fuerte, Rosario, Mocorito, Badiraguato y la zona rural de Mazatlán.