Ciudad de Mexico.- El 29 de abril se expuso al público el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), presentado por Artícul XIX y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El objetivo principal de este índice consiste en evaluar la calidad de las leyes de transparencia, tanto la federal como de todos los estados. Este es el punto de partida; la intención es invitar a todos los Congresos estatales y a los institutos de acceso a la información a que revisen sus resultados actuales, y sobre el diagnóstico de sus leyes, forjen estrategias de reformas y mejoras.
De acuerdo con las calificaciones disponibles en la página www.checatuley.org el Congreso de Guerrero aprobó la ley más deficiente del país, mientras la Asamblea Legislativa del Distrito Federal diseñó la mejor legislación. Reprobaron 17 Congresos frente al estándar de la Constitución Política y 24 de ellos están debajo de lo aceptable, según el estándar internacional. Pero más allá de las calificaciones finales, lo interesante es cómo el índice analiza cada una de las leyes en conceptos nodales, tales como el diseño institucional, los procedimientos de acceso, la clasificación de los archivos e incluso los recursos de apelación.
A partir de 2002, en México se gestó una política en consonancia con decenas de países alrededor del mundo. Se aprobaron leyes en todas las entidades federativas y para hacerlas cumplir se diseñaron los institutos para el acceso a la información en cada estado. La transparencia, entonces, se ha forjado como una política nacional, y su primera fase la encontramos en las leyes de transparencia.
La importancia que alberga una política de Estado en esta materia no es menor. Es fundamental para la construcción de ciudadanía, para el combate a la corrupción, y más aún, para que en México se construya confianza entre instituciones públicas, instituciones privadas y ciudadanos. La confianza, como valor, es importante para medir muchos aspectos relevantes que van desde la mediciones del “Riesgo país” y los índices de competitividad internacional hasta las condiciones para crear un parque industrial, invertir o abrir un negocio. Nuestras decisiones como ciudadanos, como consumidores, comerciantes o empresarios, dependen de la confianza que pueden transmitirnos las instituciones públicas.
La transparencia y el acceso a la información cumplen una misión mucho más profunda que la mera exposición de documentos. Estos son elementos que ayudan a que las entidades del sector público funcionen en un entorno institucional confiable junto con instituciones privadas, internacionales y ciudadanos. La transparencia es una condición necesaria para conocer el desempeño de cualquier organización (tanto pública como privada), y es necesaria para medir su eficiencia. Esto lo aprendió el sector público a partir del conocimiento empresarial con la denominada “Nueva gestión pública”. Y en este tenor, es un elemento necesario para mejorar el desempeño gubernamental, para corregir errores y para realizar mejores estrategias en el futuro.
Desde la experiencia gerencial del sector privado, podemos saber cómo van los resultados de las grandes compañías mediante una condición básica: los socios de la compañía han de comunicarse con la mesa directiva de la empresa, en donde se dan a conocer los reportes, datos, errores y nuevas estrategias.
Por su parte, las leyes de acceso a la información cumplen un rol fundamental sobre la estructura del sector público. Este rol consiste en abrir un canal efectivo de comunicación entre los ciudadanos y el gobierno. Se trata de un cambio de paradigma en la comunicación y no puede soslayarse su envergadura. En la actualidad, gracias a estas leyes, la ciudadanía tiene más elementos para evaluar cómo se lleva a cabo la gestión pública y entonces tomar decisiones informadas.
El IDAIM se centra sobre nuestras leyes de transparencia en tanto que son el canal de comunicación que establecemos los ciudadanos con el sector público. Artículo XIX y Fundar entran al juego en un esquema de gobernanza, en donde emergen organismos civiles especializados que cumplen el papel de trazar canales entre el sector público, el sector privado y la sociedad en general. De la misma manera que el portal www.opensecrets.org del Center for Responsible Politics dio un vuelco histórico a la gobernanza parlamentaria en EU, el IDAIM y su página web pretende constituir una agenda en los congresos y tomadores de decisiones estatales para conminarlos a mejorar sus políticas de transparencia.
De acuerdo con las calificaciones disponibles en la página www.checatuley.org el Congreso de Guerrero aprobó la ley más deficiente del país, mientras la Asamblea Legislativa del Distrito Federal diseñó la mejor legislación. Reprobaron 17 Congresos frente al estándar de la Constitución Política y 24 de ellos están debajo de lo aceptable, según el estándar internacional. Pero más allá de las calificaciones finales, lo interesante es cómo el índice analiza cada una de las leyes en conceptos nodales, tales como el diseño institucional, los procedimientos de acceso, la clasificación de los archivos e incluso los recursos de apelación.
A partir de 2002, en México se gestó una política en consonancia con decenas de países alrededor del mundo. Se aprobaron leyes en todas las entidades federativas y para hacerlas cumplir se diseñaron los institutos para el acceso a la información en cada estado. La transparencia, entonces, se ha forjado como una política nacional, y su primera fase la encontramos en las leyes de transparencia.
La importancia que alberga una política de Estado en esta materia no es menor. Es fundamental para la construcción de ciudadanía, para el combate a la corrupción, y más aún, para que en México se construya confianza entre instituciones públicas, instituciones privadas y ciudadanos. La confianza, como valor, es importante para medir muchos aspectos relevantes que van desde la mediciones del “Riesgo país” y los índices de competitividad internacional hasta las condiciones para crear un parque industrial, invertir o abrir un negocio. Nuestras decisiones como ciudadanos, como consumidores, comerciantes o empresarios, dependen de la confianza que pueden transmitirnos las instituciones públicas.
La transparencia y el acceso a la información cumplen una misión mucho más profunda que la mera exposición de documentos. Estos son elementos que ayudan a que las entidades del sector público funcionen en un entorno institucional confiable junto con instituciones privadas, internacionales y ciudadanos. La transparencia es una condición necesaria para conocer el desempeño de cualquier organización (tanto pública como privada), y es necesaria para medir su eficiencia. Esto lo aprendió el sector público a partir del conocimiento empresarial con la denominada “Nueva gestión pública”. Y en este tenor, es un elemento necesario para mejorar el desempeño gubernamental, para corregir errores y para realizar mejores estrategias en el futuro.
Desde la experiencia gerencial del sector privado, podemos saber cómo van los resultados de las grandes compañías mediante una condición básica: los socios de la compañía han de comunicarse con la mesa directiva de la empresa, en donde se dan a conocer los reportes, datos, errores y nuevas estrategias.
Por su parte, las leyes de acceso a la información cumplen un rol fundamental sobre la estructura del sector público. Este rol consiste en abrir un canal efectivo de comunicación entre los ciudadanos y el gobierno. Se trata de un cambio de paradigma en la comunicación y no puede soslayarse su envergadura. En la actualidad, gracias a estas leyes, la ciudadanía tiene más elementos para evaluar cómo se lleva a cabo la gestión pública y entonces tomar decisiones informadas.
El IDAIM se centra sobre nuestras leyes de transparencia en tanto que son el canal de comunicación que establecemos los ciudadanos con el sector público. Artículo XIX y Fundar entran al juego en un esquema de gobernanza, en donde emergen organismos civiles especializados que cumplen el papel de trazar canales entre el sector público, el sector privado y la sociedad en general. De la misma manera que el portal www.opensecrets.org del Center for Responsible Politics dio un vuelco histórico a la gobernanza parlamentaria en EU, el IDAIM y su página web pretende constituir una agenda en los congresos y tomadores de decisiones estatales para conminarlos a mejorar sus políticas de transparencia.
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