LEGAL Quitan burocracia a aplicación de justicia penal, con los mecanismos alternativos, la víctima y el acusado de cometer un delito no grave podrán llegar a un acuerdo conciliatorio en el que el daño sea reparado en un sola sesión

Con la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Sinaloa, los conflictos derivados de delitos no graves se podrán resolver mediante la conciliación hasta en un día sin necesidad de llegar al juez. El dictamen de Ley, aprobada por el Congreso del Estado y derivada de la reforma federal de justicia penal de 2008, señala que se pretende garantizar una justicia pronta y eficaz al reducir el tiempo de los litigios. Con los mecanismos alternativos, la víctima y el acusado de cometer un delito no grave podrán llegar a un acuerdo conciliatorio en el que el daño sea reparado en un sola sesión. Se evitan los excesivos trámites burocráticos que sufren las personas que acuden a las agencias ministeriales en busca de justicia, lo que influye en que víctimas u ofendidos opten por abstenerse de denunciar, en virtud del tiempo y el dinero que pierden al coadyuvar con el representante social, explica el documento. Establece que la víctima generalmente está interesada en la reparación del daño ocasionado por el delito y no necesariamente por la imposición de una pena al imputado. El Diputado por el PRD, Javier Corvera, mencionó que con esta ley se da al ciudadano una verdadera alternativa de conciliación y reparación del daño. El legislador de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca, ejemplificó que delitos como robo o lesiones podrán solucionarse mediante la conciliación de las partes sin que tenga que intervenir un juez. "Lo que evitas con esto es judicializar el tema, lo que se pretende es evitar iniciar un proceso judicial que en muchos de los casos la parte ofendida termina siendo más dañada en términos de patrimonio, de su tiempo y de su espacio vital no nada más en cuanto a la parte sicológica en ocasiones, sino a la patrimonial", dijo. Para el Diputado Noé Heredia tanto los ciudadanos como el Estado ahorrarán tiempo y dinero pues los plazos para resolver controversias se acortan.