FISCAL Rechazan contadores de Sinaloa la iniciativa de eliminar el dictamen fiscal ya que tendrá un perjuicio a los contribuyentes con mediana capacidad administrativa y escasa asesoría fiscal, además de que repercutirá en la recaudación fiscal del país.

El presidente electo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel nacional, Luis González Ortega, rechazó en Culiacán, Sinaloa, la iniciativa de eliminar el dictamen fiscal ya que tendrá un perjuicio a los contribuyentes con mediana capacidad administrativa y escasa asesoría fiscal, además de que repercutirá en la recaudación fiscal del país. Las reformas al Código Fiscal de la Federación -CFF- para 2014, dijo que de ser aprobadas por el Congreso de la Unión, otorgarían a la autoridad fiscal facultades extraordinarias al fiscalizar a los contribuyentes, lo que le permitiría, entre otras, interpretar en forma amplia las leyes impositivas, cuando en su opinión, las operaciones carezcan de racionalidad. Destacó que la reforma hacendaria que propone el gobierno federal es un "Frankenstein" que trae de todo y ataca a todos los sectores, por ejemplo dijo que se pretende realizar auditorías express, a través de revisiones electrónicas. Lo anterior, indicó, generaría incertidumbre para el contribuyente y un desgaste innecesario de recursos tanto para el contribuyente como para la autoridad, además de restar competitividad ante los potenciales inversionistas extranjeros. Explicó que el dictamen fiscal es una figura presente para acreditar a los contadores por más de 50 años, y el gobierno federal pretende desaparecerla por considerarla inútil a través de la reforma hacendaria. "Entre los argumentos para desaparecer esta figura se encuentra la supuesta falta de confianza en nuestro trabajo. Rechazamos totalmente los argumentos que tratan de desaparecer el dictamen fiscal", indicó. González Ortega recordó que del 2006 a 2010, de acuerdo a los dictámenes fiscales, los contadores auditan empresas y revisan que el contribuyente pague correctamente sus impuestos, promediaron una recaudación adicional de 17 mil millones de pesos. "De prosperar esta reforma, ya no haríamos ese trabajo y entonces la Secretaría de Hacienda, el SAT, tendría que encargarse de hacer directamente la fiscalización de esos 90 mil contribuyentes, que actualmente lo hacemos nosotros y ellos no lo pagan", comentó. En el marco de estas reformas, mencionó, la iniciativa presidencial también propone eliminar la opción que tienen los contribuyentes cumplidos para hacer dictaminar por un contador público sus estados financieros para efectos fiscales, así como algunas operaciones con repercusiones fiscales.