martes, 27 de abril de 2010

Convocan a frente de lucha por el libre tránsito en carreteras de Sonora‏

Hermosillo.- A formar un solo frente de lucha por el libre tránsito en Sonora ante el cobro anticonstitucional de la cuota de peaje, llamaron los diputados federales del PRI a habitantes del centro y sur del estado. Con el respaldo del dirigente estatal del PRI, Roberto Ruibal Astiazarán, los legisladores Onésimo Mariscales Delgadillo y Ernesto “Pato” De Lucas convocaron a reforzar el frente de lucha que ya inició en la región sur, con la unión de residentes de Hermosillo.

En conferencia de prensa, Mariscales Delgadillo explicó que por primera vez los 500 diputados federales de todo el país votaron a favor de un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que autorice el libre tránsito a los sonorenses residentes de los municipios que confluyen con las casetas de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo.

Con este exhorto, mencionó, se está reconociendo una violación a la Constitución al violentarse el libre tránsito de todo mexicano porque en estas cuatro casetas no existen rutas alternas, solo caminos que conducen directamente al cobro. En el exhorto aprobado por unanimidad, se solicita a la SCT instrumente las medidas para autorizar el libre tránsito de los sonorenses por dichas casetas con el sólo requisito de presentar una identificación oficial, como la credencial de elector o las placas vehiculares.

El representante del 06 distrito federal con cabecera en Navojoa manifestó que ahora la presión social será mayor, por lo que será indispensable la participación de los hermosillenses para que los resultados se den en el menor tiempo posible. Señaló que ya solicitaron audiencia con el titular de la Secretaría, Juan Molinar Horcasitas y representantes de Capufe, el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) y Banobras para establecer el mecanismo de identificación de los residentes de las ciudades afectadas.

Mariscales Delgadillo indicó que el exhorto legislativo no establece plazos para su cumplimiento, pero adelantó que de no existir voluntad política de parte del gobierno federal, la Junta de Coordinación Política iniciará el proceso legal y administrativo contra funcionarios que incumplieron con el ordenamiento Constitucional de libre tránsito.

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