jueves, 20 de marzo de 2014

ACTUALIDAD Investiga la PGR siete denuncias penales contra el doctor Joel Villegas Ibarra, ex alcalde de Comondú, BCS, mientras en Loreto, fueron detenidos el también ex alcalde, Yuan Yee Cunningham, y su ex tesorero, Oscar Aguiar Yee, por malos manejos de fondos federales

Luego de la reciente detención del ex alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunningham, y del ex tesorero, Oscar Aguiar Yee, la Procuraduría General de la República, (PGR) con sede en Ciudad Constitución, retomó las investigaciones sobre el paradero del dinero público desaparecido en la administración anterior del Ayuntamiento de Comondú, que encabezó el ex alcalde de extracción perredista, doctor Joel Villegas Ibarra, sustentada en siete denuncias penales, presentadas de marzo a noviembre del 2011, inicialmente ante la PGJE. Entre las denuncias penales se investiga el paradero de 67 millones 680 mil 054 pesos depositados por Banobras a la cuenta bancaria 65-50253014-3, sucursal 4557 de Banco Santander en Ciudad Constitución, Baja California Sur, a través de un traspaso interbancario con la Clave Bancaria Estandarizada 014042655025301439, a favor del Ayuntamiento de Comondú. En la administración anterior acompañaron a Joel Villegas Ibarra, como tesorero municipal, el licenciado Sergio Avilés Mendoza, como secretario general Julio Vega Pérez, y Antonio Villegas Martínez, hijo del ex alcalde, quien fungió como secretario privado, quien en corto tiempo logro adquirir a lado de su esposa una gasolinera, casas y vehículos de modelo reciente. Cabe recordar que en las primeras indagatorias que realizó, la PGJE logró acreditar que a sabiendas de que cometía el delito de peculado, el ex alcalde Joel Villegas Ibarra distrajo cinco millones de pesos del erario público para la adquisición de dos máquinas de reciclaje de plástico, las cuales se desconocen su paradero. Por su parte la PGR deberá de determinar la solicitud de las medidas cautelares necesarias para que el ex funcionario perredista, así como otros ex funcionarios municipales respondan por el delito de peculado, y otros relacionados con el ejercicio abusivo de la autoridad.

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