HERMOSILLO.- Para que el Ejecutivo deje de ser juez y parte al aplicar la ley a los servidores públicos, diputados aliancistas presentaron una iniciativa de ley para que sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el único facultado para sancionar a funcionarios.
El diputado Alberto Natanael Guerrero López, expuso que el marco jurídico vigente se encuentra ya rebasado, pues se han observado omisiones y en cierta medida esquemas dilatorios que retardan el procedimiento e impiden la imposición de sanciones a quienes infringen sus obligaciones como servidores públicos.
La propuesta leída ante el Pleno por Guerrero López, pretende que sea la instancia señalada quien asigne las sanciones a los funcionarios, mientras que la Contraloría y los órganos de control gubernamental, asuman el papel de investigar, instruir y ejecutar las sanciones impuestas.
La iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y promovida por la alianza PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, busca generar mayor certeza y confianza con los ciudadanos en las acciones de gobierno, pues quien dicte las sanciones a quienes incumplan con sus funciones será un órgano externo al Ejecutivo.
El legislador priísta destacó que se necesita contar con las herramientas adecuadas para afrontar la impunidad y la corrupción, con un enfoque preventivo, de mayor certeza jurídica y que coadyuve en el propósito de generar confianza en las acciones de gobierno.
De esta manera, el Tribunal de los Contencioso Administrativo un órgano independiente y autónomo y externo del Ejecutivo será quien tenga la competencia de instruir y aplicar las sanciones a los servidores públicos del ejecutivo y los municipios.
La propuesta, establece un procedimiento claro para la presentación de quejas y de las denuncias, en donde la Contraloría y los órganos de control y evaluación gubernamental que las reciben, realicen el proceso de investigación, mediante el cual recaben pruebas que servirán de base para la presentación de las mismas.
Contiene sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones administrativas y económicas que consisten en suspensión temporal del empleo cargo o comisión, sanción económica, destitución del servidor publico e inhabilitación para ocupar otro cargo.
Además, plantea la creación de un registro de servidores públicos sancionados, tanto en el ámbito estatal como municipal, a fin de que para ingresar al servicio público se requiera constancia de no contar con antecedentes sobre sanciones de responsabilidad administrativa.
El diputado Alberto Natanael Guerrero López, expuso que el marco jurídico vigente se encuentra ya rebasado, pues se han observado omisiones y en cierta medida esquemas dilatorios que retardan el procedimiento e impiden la imposición de sanciones a quienes infringen sus obligaciones como servidores públicos.
La propuesta leída ante el Pleno por Guerrero López, pretende que sea la instancia señalada quien asigne las sanciones a los funcionarios, mientras que la Contraloría y los órganos de control gubernamental, asuman el papel de investigar, instruir y ejecutar las sanciones impuestas.
La iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y promovida por la alianza PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, busca generar mayor certeza y confianza con los ciudadanos en las acciones de gobierno, pues quien dicte las sanciones a quienes incumplan con sus funciones será un órgano externo al Ejecutivo.
El legislador priísta destacó que se necesita contar con las herramientas adecuadas para afrontar la impunidad y la corrupción, con un enfoque preventivo, de mayor certeza jurídica y que coadyuve en el propósito de generar confianza en las acciones de gobierno.
De esta manera, el Tribunal de los Contencioso Administrativo un órgano independiente y autónomo y externo del Ejecutivo será quien tenga la competencia de instruir y aplicar las sanciones a los servidores públicos del ejecutivo y los municipios.
La propuesta, establece un procedimiento claro para la presentación de quejas y de las denuncias, en donde la Contraloría y los órganos de control y evaluación gubernamental que las reciben, realicen el proceso de investigación, mediante el cual recaben pruebas que servirán de base para la presentación de las mismas.
Contiene sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones administrativas y económicas que consisten en suspensión temporal del empleo cargo o comisión, sanción económica, destitución del servidor publico e inhabilitación para ocupar otro cargo.
Además, plantea la creación de un registro de servidores públicos sancionados, tanto en el ámbito estatal como municipal, a fin de que para ingresar al servicio público se requiera constancia de no contar con antecedentes sobre sanciones de responsabilidad administrativa.
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