Sabemos que de esta forma se podrá inhibir este tipo de prácticas que hoy por hoy no son consideradas como delitos pero que cada vez se afecta a más familias sonorenses y mexicanas, abundó el también coordinador parlamentario del PRI. “De acuerdo a estadísticas en los últimos dos años, al menos cinco empresas han sufrido algún tipo de falsificación; tan sólo en el 2010, las pérdidas por estos ilícitos superaron los quince millones de pesos”, detalló Ruibal Astiazarán en el dictamen.
Con esta iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, los aliancistas buscan cerrar la puerta a la impunidad y evitar pérdidas patrimoniales a las empresas mexicanas que crean fuentes de trabajo, salvaguardando con ello la prestación de más de 155 mil 515 familias sonorenses. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social son aproximadamente 466 mil trabajadores afiliados, de los cuales, la tercera parte recibe el beneficio de vales o tarjetas electrónicas para despensas, gasolina, restaurantes, uniformes, útiles escolares, entre otros.
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