Urgente incrementar recaudación del predial

GOBIERNO MUNICIPAL.- México necesita incrementar la recaudación del Impuesto Predial a niveles aproximados de 2% del PIB, el cual es el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consideró el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas (INDETEC). En los retos de la política fiscal para la década actual, el organismo planteó la necesidad de que haya un ajuste gradual a las tasas prediales en un plazo de 2 años, hasta llegar al promedio de parámetros internacionales. México tiene en la actualidad una de las recaudaciones más bajas del impuesto predial, al ubicarse en 0.3% del PIB.

En América Latina el promedio de tributación es de 0.5% del PIB, los países que integran la OCDE alcanzan 1.8% del PIB y los de la Unión Europea 2% del PIB. En el análisis “debilidad de las tasas y tarifas del impuesto predial en México”, el INDETEC consideró que las causas por la baja recaudación predial se centran en cuestiones jurídicas, administrativas, políticas, rezago en los valores catastrales y la debilidad de las tasas y tarifas fiscales del impuesto.

Añadió que es débil la tributación porque aún con una actualización de los valores catastrales no se lograría incrementar sustancialmente la recaudación. La INDETEC puntualizó que al comparar el predial de México con otras tasas de otros países, en México están hasta 10 o 15 veces por debajo. “El resultado recaudatorio de su aplicación se ve mermado sustancialmente por el sinnúmero de prerrogativas fiscales que las leyes locales establecen: exenciones, subsidios, descuentos, tasas preferenciales, topes, bonificaciones, etcétera”, mencionó la INDETEC.

Además de que la actualización y ajuste del predial se condiciona por el grado de actualización o ajuste que anualmente observan los valores catastrales. Una problemática adicional es que presentan deficiencias técnicas en su diseño y estructura, lo cual favorece la interposición de recursos y amparos. El predial no responde con una política fiscal de financiamiento de los servicios públicos de infraestructura urbana.