El incumplimiento de la Ley laboral, se genera porque hacen firmar contratos eventuales hasta por tres meses a los empleados, los cuales van renovando, negándoles la oportunidad de incorporarse a las plazas de forma definitiva. Lourdes Fátima Peña, ex empleada de seguridad en Los Mochis, manifestó que de palabra la obligaron a renunciar porque exigió se le otorgará el beneficio del Seguro Social.
Pero además solo le pagaron 700 pesos por una semana de trabajo. Precisó que los empleados de seguridad laboran doce horas continuas y solamente se les pagan cerca de mil cuatrocientos pesos a la quincena. Manifestó que algunas empresas de seguridad no otorgan el equipo suficiente para el buen desempeño de la labor encomendada, arriesgando la integridad de los empleados.
En caso de un atentado o un asalto a las empresas donde se prestan los servicios de seguridad privada, los guardias privados no tienen ni cómo ni con que defenderse ya que muchos de ellos no portan radio, ni siquiera depósitos de gas lacrimógeno. Arriesgan la vida, porque son los primeros en darse cuenta de los robos, pero no tienen los elementos suficientes para lanzar las alertas a las corporaciones de seguridad pública, aclaró.
Esta situación persiste, indicaron, porque no existe ninguna supervisión de parte de la Secretaría de Seguridad Pública o de otra instancia oficial que verifique las condiciones con que operan esas empresas. Es un problema que se manifiesta en todas las regiones del estado, ya que las prestadoras de “seguridad privada” surgen hasta en los municipios de menor densidad poblacional, donde los riesgos son mayores ya que parte del servicio debe darse en el medio rural y sin elementos de protección para el personal, además de que no se les prepara adecuadamente.
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