ARIZONA.- Desarrolladores y constructores del sur del condado de Yuma piden solo dos cosas en cuanto el estudio de tarifas de impacto que iniciarán los ayuntamientos locales: Que dichas tarifas sean llevadas a la realidad actual de un mercado sumamente deprimido.
Recientemente los concilios de San Luis, Somerton y Wellton acordaron financiar conjuntamente un estudio de dichas tarifas que se cobran a los desarrolladores por cada edificio comercial o residencial que se construye.
El estudio, ordenado por una ley estatal, lo llevará a cabo la firma Tischler-Bise en las tres comunidades, y se prevé que genere resultados en unos cuatro meses.
En entrevista, directivos de organizaciones y empresarios del ramo de la construcción, urgieron a los ayuntamientos a aprovechar esa oportunidad para ajustar sus tarifas a la realidad actual, ya que éstas se incrementaron cuando el mercado de la vivienda registraba un “boom”, hace poco más de cinco años.
“Sería un buen incentivo, porque la realidad es que el mercado está muy bajo, y los costos de construcción muy altos; cada vez es menos conveniente construir casas, porque una casa que antes se vendía en 180,000 dólares, ahora difícilmente se vende en 110,000”, afirmó Nieves Riedel, propietaria de Riedel Construction, en San Luis.
“El valor de las casas cayó pero no bajó el precio de los permisos y el de los materiales”, agregó la empresaria. Riedel llamó a las autoridades a llevar a cabo un estudio a conciencia, que no solo se haga para llenar el requisito del estado, y que incluya las opiniones de los desarrolladores: “Tienen que tomarlo bastante en serio y tomar en cuenta las personas que están caminando el camino. Si le preguntan a cualquier constructor le va decir la triste realidad de cuánto subió el cemento, cuánto subió el material para el techo de las casas derivado de aceite, el costo de la madera y que sí aumenta el precio de la gasolina aumenta todo”, señaló.
La realidad –subrayó- es que tienen años que no revisan las tarifas; las aumentaron cuando estaba el boom, y ahora es otra la situación y se necesita un incentivo porque va a tomar varios años para que esto mejore. El año anterior, la propuesta SB 1525 fue proclamada como ley por la gobernadora Jan Brewer, y obliga a las ciudades a revisar y hacer los cambios necesarios en el sistema de recaudación de tarifas de impacto a más tardar el 1 de agosto del 2014.
En San Luis, el Comité de Bien Estar es la organización con mayor actividad de construcción. Su director ejecutivo, Marco Antonio Reyes, concedió que, basado en el estudio, el gobierno puede regresar las tarifas al menos al nivel en que estaban antes del “boom” de vivienda, pero: “tienen que ser muy cuidadosos y ver los costos que la ciudad tiene para proveer los servicios, porque para ellos también se elevan los costos”.
Para el Comité de Bien Estar –añadió- la crisis en el mercado de vivienda que afectó la actividad de construcción es amortiguada un poco por su programa de vivienda subsidiada a través del programa de Ayuda Mutua, pero “de todos modos estamos construyendo apenas el 30 o 40 por ciento de las casas que construíamos cuando el boom, y yo creo que en el mercado comercial debe andar en un 10 por ciento”, agregó Reyes.
Por su parte, Víctor Lozano, propietario de la constructora que lleva su apellido, en Somerton, coincidió con Riedel en que las tarifas de impacto no reflejan la realidad actual, pero añadió que estas agravan la crisis: “Si son 6,000 dólares de tarifas de impacto y a ello le sumas los costos de los demás permisos, estamos hablando de casi 10,000 dólares solo en permisos para construir, pero si le agregas el costo de terreno, aunque los precios cayeron, se eleva a unos 30,000 dólares, entonces no es conveniente construir una casa de 70 a 90,000 dólares y las de mayor precio no se venden”, explicó.
Lozano estimó que debido a la crisis y los altos costos en el mercado, sus operaciones se redujeron a un 5 por ciento de lo que hacía hace unos tres años, y de dar empleo a 38 personas, ahora su equipo de trabajo se limita a dos.
Con las tarifas de impacto -6,720 dólares en Somerton y unos 6,000 dólares en San Luis- las ciudades cubren el costo de proveer servicios públicos a los nuevos desarrollos. “Creo que ya es tiempo de que la ciudad haga algo con respecto a las tarifas, y que no hagan el estudio solo porque es un requisito del estado. Las tarifas como están se justificaban cuando el mercado estaba bien y la ciudad veía el riesgo de que no hubiera capacidad en los servicios para el ritmo de crecimiento; ahora ya no se justifican”, comentó.
De acuerdo a Lozano, antes de ese incremento, dichas tarifas eran menores a los 3,000 dólares.
Con los resultados del estudio de Tischler-Bise, los concilios determinarán qué ajustes aplican, y de no haberlo hecho, la sanción del estado es retirarle a las ciudades su facultad de cobrar tarifas de impacto.
Recientemente los concilios de San Luis, Somerton y Wellton acordaron financiar conjuntamente un estudio de dichas tarifas que se cobran a los desarrolladores por cada edificio comercial o residencial que se construye.
El estudio, ordenado por una ley estatal, lo llevará a cabo la firma Tischler-Bise en las tres comunidades, y se prevé que genere resultados en unos cuatro meses.
En entrevista, directivos de organizaciones y empresarios del ramo de la construcción, urgieron a los ayuntamientos a aprovechar esa oportunidad para ajustar sus tarifas a la realidad actual, ya que éstas se incrementaron cuando el mercado de la vivienda registraba un “boom”, hace poco más de cinco años.
“Sería un buen incentivo, porque la realidad es que el mercado está muy bajo, y los costos de construcción muy altos; cada vez es menos conveniente construir casas, porque una casa que antes se vendía en 180,000 dólares, ahora difícilmente se vende en 110,000”, afirmó Nieves Riedel, propietaria de Riedel Construction, en San Luis.
“El valor de las casas cayó pero no bajó el precio de los permisos y el de los materiales”, agregó la empresaria. Riedel llamó a las autoridades a llevar a cabo un estudio a conciencia, que no solo se haga para llenar el requisito del estado, y que incluya las opiniones de los desarrolladores: “Tienen que tomarlo bastante en serio y tomar en cuenta las personas que están caminando el camino. Si le preguntan a cualquier constructor le va decir la triste realidad de cuánto subió el cemento, cuánto subió el material para el techo de las casas derivado de aceite, el costo de la madera y que sí aumenta el precio de la gasolina aumenta todo”, señaló.
La realidad –subrayó- es que tienen años que no revisan las tarifas; las aumentaron cuando estaba el boom, y ahora es otra la situación y se necesita un incentivo porque va a tomar varios años para que esto mejore. El año anterior, la propuesta SB 1525 fue proclamada como ley por la gobernadora Jan Brewer, y obliga a las ciudades a revisar y hacer los cambios necesarios en el sistema de recaudación de tarifas de impacto a más tardar el 1 de agosto del 2014.
En San Luis, el Comité de Bien Estar es la organización con mayor actividad de construcción. Su director ejecutivo, Marco Antonio Reyes, concedió que, basado en el estudio, el gobierno puede regresar las tarifas al menos al nivel en que estaban antes del “boom” de vivienda, pero: “tienen que ser muy cuidadosos y ver los costos que la ciudad tiene para proveer los servicios, porque para ellos también se elevan los costos”.
Para el Comité de Bien Estar –añadió- la crisis en el mercado de vivienda que afectó la actividad de construcción es amortiguada un poco por su programa de vivienda subsidiada a través del programa de Ayuda Mutua, pero “de todos modos estamos construyendo apenas el 30 o 40 por ciento de las casas que construíamos cuando el boom, y yo creo que en el mercado comercial debe andar en un 10 por ciento”, agregó Reyes.
Por su parte, Víctor Lozano, propietario de la constructora que lleva su apellido, en Somerton, coincidió con Riedel en que las tarifas de impacto no reflejan la realidad actual, pero añadió que estas agravan la crisis: “Si son 6,000 dólares de tarifas de impacto y a ello le sumas los costos de los demás permisos, estamos hablando de casi 10,000 dólares solo en permisos para construir, pero si le agregas el costo de terreno, aunque los precios cayeron, se eleva a unos 30,000 dólares, entonces no es conveniente construir una casa de 70 a 90,000 dólares y las de mayor precio no se venden”, explicó.
Lozano estimó que debido a la crisis y los altos costos en el mercado, sus operaciones se redujeron a un 5 por ciento de lo que hacía hace unos tres años, y de dar empleo a 38 personas, ahora su equipo de trabajo se limita a dos.
Con las tarifas de impacto -6,720 dólares en Somerton y unos 6,000 dólares en San Luis- las ciudades cubren el costo de proveer servicios públicos a los nuevos desarrollos. “Creo que ya es tiempo de que la ciudad haga algo con respecto a las tarifas, y que no hagan el estudio solo porque es un requisito del estado. Las tarifas como están se justificaban cuando el mercado estaba bien y la ciudad veía el riesgo de que no hubiera capacidad en los servicios para el ritmo de crecimiento; ahora ya no se justifican”, comentó.
De acuerdo a Lozano, antes de ese incremento, dichas tarifas eran menores a los 3,000 dólares.
Con los resultados del estudio de Tischler-Bise, los concilios determinarán qué ajustes aplican, y de no haberlo hecho, la sanción del estado es retirarle a las ciudades su facultad de cobrar tarifas de impacto.
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