De Schutter visitó México entre el 13 y el 20 del pasado mes de junio y tras su misión concluyó que el país “debería fortalecer su marco legislativo e institucional mediante la aprobación de una ley sobre el derecho a la alimentación”. Para consolidar esta estrategia, el relator propuso el establecimiento de un salario mínimo para mejorar la situación de los jornaleros agrícolas, en particular la de los migrantes.
Asimismo, instó al Gobierno a desarrollar políticas agrarias que luchen efectivamente contra la pobreza rural y a reorientar “una porción significativa” del gasto público en agricultura hacia los pobres mediante programas específicos. De Schutter también defendió la necesidad de reducir “significativamente” los subsidios de la tarifa 9 -un proceso que promovió la sobreexplotación de los acuíferos más importantes del país- para reasignar “una proporción importante del gasto actual” a las técnicas de riego por goteo y los cultivos que requieren menos agua.
“Estas técnicas tienen la ventaja adicional de ser favorables a los pobres, ya que algunos pequeños agricultores que sufren de inseguridad alimentaria viven en entornos áridos y dependen de esos programas para volver a tener unos medios de vida dignos”, agregó el relator. Finalmente, sugirió al Gobierno que continúe aumentando el “ya impresionante” número de programas sociales en apoyo del acceso de las familias de bajos ingresos a los alimentos.
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